Los líderes políticos deben luchar contra la discriminación, y deben reforzarlo mediante la adopción de medidas no discriminatorias contra los miembros de cualquier grupo vulnerable, o mediante la introducción de una legislación que cree restricciones indebidas a los derechos de los miembros de esos grupos de ejercer las libertades de expresión, de reunión y de asociación pacíficas, y de pensamiento, conciencia, religión o creencia.